Perú obtuvo el tercer puesto en gestión regulatoria de telecomunicaciones de Sudamérica

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El Perú mantuvo el tercer lugar en gestión regulatoria en materia de telecomunicaciones a nivel de Sudamérica, de acuerdo con el índice ICT Regulatory Tracker 2020. Nuestro país quedó en tercer lugar, solo por detrás de Chile y Brasil en el índice elaborado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

ICT Regulatory Tracker

El ICT Regulatory Tracker ha permitido identificar las principales tendencias regulatorias que impulsan el sector de las TIC desde 2007. También hace seguimiento al progreso de los países desde la regulación primera generación (enfocados en monopolios públicos reguladores) hasta la quinta generación de regulación colaborativa, basado en datos recogidos de entre 190 y 193 países, en el periodo 2007 a 2020.

Un tercer puesto muy importante

OSIPTEL publicó el siguiente comunicado en su página web:

Al igual que el año pasado, nuestro país obtuvo un total de 85 puntos tras una evaluación de 50 indicadores, distribuidos en cuatro grupos: autoridad regulatoria, mandato regulatorio, régimen regulatorio y marco de competencia.
En esa edición, el Perú superó a Colombia (84 puntos), Venezuela (80.5 puntos), Ecuador (79 puntos), Argentina (72.5 puntos), Uruguay (67.5 puntos) y Bolivia (62.5 puntos). Solo quedó atrás de Brasil (92 puntos) y Chile (87 puntos).

Considerado en la cuarta generación regulatoria –liderada por objetivos de política económica y social– el Perú obtuvo el máximo puntaje en el grupo marco de competencia y estuvo a dos puntos de completar la puntuación máxima en el grupo régimen regulatorio, en el que históricamente ha centrado sus mejoras.
Oportunidades de mejora

Rafael Muente Schwarz (presidente ejecutivo del OSIPTEL) señaló la importancia del ente regulador a nivel local:

La regulación en telecomunicaciones del Perú es considerada como idónea a nivel internacional y eso es gracias al diseño de políticas en las que prima la evidencia técnica para la sostenibilidad del mercado.

Perú tiene oportunidad de mejora en los grupos de indicadores sobre autoridad regulatoria y mandato regulatorio, referidos, entre otros indicadores, a fortalecimiento de las sanciones que impone el regulador, y las competencias regulatorias.

 

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